El Frente Campesino Iximulew, al Señor Presidente de la República de Guatemala, Gabinete de Gobierno, Congreso de la Republica y público en general manifiesta:


El Frente Campesino Iximulew, al Señor Presidente de la República de Guatemala, Gabinete de Gobierno, Congreso de la Republica y público en general manifiesta:


Las decisiones improvisadas e intempestivas tomadas por el Presidente Alejando Giamattei, profundizan las condiciones de pobreza para el pueblo Indígena y campesino de Guatemala, evidencian la preferencia de clases económicas que ejerce su gobierno y sus hábitos racistas y de discriminación históricos así como manifiesta la incapacidad para establecer acciones que favorezcan a la sociedad en su conjunto. El aviso de nuevas medidas fue extemporáneo, sin permitir que campesinos y agricultores se prepararan para el cierre total de tres días. Y discriminatorio porque declaró “servicios esenciales” a productos ultraprocesados, bebidas gaseosas y cervezas, a la vez que impidió la entrega de verduras y frutas a los centros urbanos y mercados.

Comprendemos perfectamente la necesidad de las medidas sanitarias relacionadas con el distanciamiento social y la prioridad que tiene la salud en estos momentos. También nos damos cuenta de las presiones que ejercen los sectores empresariales para que se retorne a la “normalidad” evitando tener pérdidas en sus ganancias. El gobierno, en lugar de ceder a esas presiones, debe tomar medidas consecuentes con el control de la pandemia en esta etapa de mitigación, pero al mismo tiempo, debe apoyar la economía popular, particularmente la de los campesinos que seguimos alimentando al país.

Respaldamos totalmente las decisiones tomadas por las Autoridades del pueblo Maya Kaqchikel en Sololá seguidas por las Autoridades de los pueblo K’iche e Ixil; sus peticiones son absolutamente legítimas y urgentes de cumplirse, siendo necesario que el Gobierno y su Gabinete asuman la responsabilidad de atender las demandas en calidad de urgencia. El cierre de carreteras y el enfrentamiento que se produjo en San Francisco El Alto, y en otros puntos del país, son producto de la improvisación del gobierno y de sus políticas discriminatorias.

Expresamos nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas indígenas y campesinas tanto del altiplano occidental como el todo el país, por la pérdidas ocasionadas por las decisiones del Gobierno de Guatemala. Aplaudimos y felicitamos a las y los campesinos y agricultores quienes han asumido pérdidas, pero han optado por la vida al regalar sus cosechas antes que dejarlas que se pudran.

Hacemos UN LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO DE GUATEMALA para que permita y contribuya al funcionamiento de cadenas de distribución de los productos campesinos, quienes son los garantes de la alimentación a todo el país y países vecinos. Que el Estado compre las cosechas y facilite su distribución prioritaria a comunidades y familias vulnerables y en riesgo. Que establezca de manera urgente e inmediata el diálogo con las Autoridades Indígenas, el Movimiento Campesino y Organizaciones de Sociedad Civil, para el establecimiento de un Plan de Respuesta durante y posterior a la pandemia del COVID 19. A la población en general, llamamos a respaldar a la agricultura campesina e indígena, solidarizándonos con sus demandas y teniendo preferencia por su producción.

¡Basta ya de obviar las demandas de los pueblos Indígenas!
¡Basta ya de favorecer a la clase económica predominante de Guatemala!

Guatemala, 17 de mayo 2020.
frentecampesinoiximulew@gmail.com Facebook@frentecampesinoiximulew.com 
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Comité Campesino del Altiplano –CCDA-
Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día.

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Apuntes sobre la Ley de Aceptación de Cargos

Imágen con fines ilustrativos

El año 2019 no podría terminar sin el último golpe del Pacto de Corruptos. Esos funcionarios que trabajaron por 4 años para las mafias que han tenido por años secuestrado a nuestro país. Esas personas inescrupulosas que siempre han gozado de impunidad y que harán todo lo que esté a su alcance para mantener su poder económico y político en Guatemala.

El silencio de Jimmy Morales desde el 3 de noviembre, fecha en la cual cual, los diputados aprobaron la iniciativa, lo hace parte de la jugarreta que hizo el pacto de corruptos, porque coincidente o planificadamente este lunes 16 de diciembre salió publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto que dio vida a dicha norma y el señor Jimmy Morales la Sancionó.

Bajo el argumento de “disminuir el tiempo ante la intensión de los sospechosos de aceptar sus delitos; evitar el hacinamiento en las cárceles y reducir el desarrollo del proceso penal”, tanto los diputados como Jimmy Morales aprobaron la ley, beneficiando a los exfuncionarios y funcionarios que tengan un proceso abierto por los delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción, delitos de Lavado de Activos y Financiamiento Electoral Ilícito, entre otros.

Esta más que claro, que los actuales funcionarios buscaron con esta Ley un escudo protector para tener la posibilidad de reducir penas a la hora de que se les impute la comisión de algún delito durante su gestión o cómo candidato de algún partido político.

Cabe aclarar, que con esta ley no podrán beneficiarse las personas que hayan cometido los delitos de: Genocidio, Desaparición Forzada, Delitos Contra Deberes de la Humanidad, Homicidio, Parricidio, Agresión y Violación Sexual, Plagio o Secuestro, Trata de Personas, Terrorismo, Extorsión, Femicidios, Aborto y delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros.

La Ley de Aceptación de Cargos, decreto número 10-2019 que modifica el artículo 491 del Código Procesal Penal entrará en vigencia en 30 días, es decir a mediados de enero de 2020.

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Peticionarios de Medidas Cautelares denuncian incumplimiento del Estado

Foto: Ronaldo Galeano. Visita a comunidad Bella Flor 30-07-19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en varias ocasiones ha ordenado proteger la vida de guatemaltecos y guatemaltecas cuyos derechos fundamentales han sido violados por las fuerzas represivas del Estado o por entidades privadas durante desalojos, pero los gobiernos y sus funcionarios no cumplen. Las actitudes de este Gobierno, en materia de convenios internacionales pareciera ser:  nos importa un bledo, lo que digan los fuereños, nuestro país es soberano y nosotros decidimos que hacer.   

Esas actitudes políticamente inmaduras están afectando a centenares de familias cuya situación de vida es vulnerable.  El ejemplo palpable es el caso de la comunidad Nueva Semuy Chacchilá que goza de Medidas Cautelares dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en materia de alimentación y acceso a servicios básicos, las cuales han sido incumplidas por el actual gobierno.

Caso Semuy Chacchilá

Las personas que conformaban la comunidad Nueva Semuy Chacchilá del municipio de Senahú, Alta Verapaz, desalojadas por la Policía Nacional Civil, PNC, y el Ministerio Público, MP, hace 20 meses, solo han recibido 110 libras de arroz y 80 libras de frijol por familia, de parte del Estado; esto pese a que una de las recomendaciones de la CIDH al Gobierno de Guatemala, fue que garantizara alimentación para los damnificados.

Por medio de la Medida Cautelar, MC872-17, dictada el 10 de febrero de 2018, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala “proteger el derecho a la vida y a la seguridad personal de las familias indígenas desalojadas, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a mejorar entre otros aspectos las condiciones sanitarias, el acceso a servicios médicos y alimentación principalmente de las niñas, niños y personas mayores”.

Asimismo, la CIDH recomendó al Estado adoptar las medidas de protección culturalmente adecuadas, lo que significa implementar medidas de protección acorde a la forma de vida de las comunidades, para proteger la vida y la integridad de las familias y evitar actos de violencia de parte de terceros.  Sin embargo, el gobierno nada ha hecho al respecto, señalan los afectados.

Ya no viven en donde fueron desalojadas

Foto: Ronaldo Galeano. Visita a comunidad Bella Flor 30-07-19

Después de ser desalojadas, las familias estaban viviendo en las orillas del camino en condiciones inhumanas. El 20 de noviembre de 2018 fueron víctimas de un atentado armado por parte del personal de seguridad y cuadrilleros de la empresa Trece Aguas, quienes alegan ser dueños del terreno donde habitaban las campesinas y campesinos. En ese ataque fue asesinado con alevosía Emilio Toc Pop.

Con el objetivo de resguardar la vida, las familias campesinas pidieron posada en una comunidad vecina denominada Los Luchadores San Esteban, ahí vivieron por unos meses, hasta que se trasladaron a la comunidad Bella Flor, jurisdicción de Panzós, en donde habitan sin las condiciones mínimas para una vida digna.

Ronaldo Galeano, asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina CUC, dijo que, como peticionarios de las Medidas Cautelares, están implementando acciones políticas y jurídicas para presionar al Estado y su institucionalidad en materia de derechos humanos para que cumplan con la Medidas Cautelares.

Una petición al Procurador de los Derechos Humanos

Ante los pocos avances en el cumplimiento de la Medida Cautelar 872-17 por el Estado de Guatemala, el 19 de julio de 2019, Daniel Pascual Hernández, coordinador del CUC, presentó una denuncia en contra del Estado y sus servidores por violación de derechos fundamentales y comportamientos administrativos lesivos a los derechos, ante la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH.

La denuncia también hace referencia, a las medidas cautelares MC121-11 dictadas a favor de 14 comunidades Maya Q´eqchi´ desalojadas violentamente en marzo de 2011 en el Valle del Polochic y la MC44-18 que favorece a los habitantes de la comunidad La Cumbre ubicada en Tactic, Alta Verapaz, desalojada el 1 de noviembre de 2018, en donde también se ha evidenciado el poco avance y falta de compromiso político del Gobierno para cumplir con los establecido por la CIDH.

Pascual Hernández, denuncia ante el PDH que el Estado y sus funcionarios, ante la falta de acciones para cumplir con las medidas cautelares, vulneran los derechos individuales y colectivos de comunidades mayas y que también genera incumplimiento de obligaciones internacionales. Por esa razón se solicita a la PDH que investigue los casos, para determinar si el Gobierno y sus funcionarios han cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes, Destrucción de Registros Informáticos, Desobediencia u otros ilícitos que podría entra a conocer el Ministerio Público, MP.

Como parte peticionaria de la MC872-17 el CUC, recientemente, envió una comisión a la comunidad Bella Flor del municipio de Panzós para verificar la situación de las familias desalojadas en la comunidad Nueva Semuy Chacchilá.

Galeano explicó que la situación de las familias es preocupante, porque no tienen suficiente tierra para producir sus alimentos y no hay suficientes fuentes de empleo. Además, muchos niños no han sido inscritos en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ni en las escuelas porque sus padres tienen orden de captura, acusados falsamente de cometer el delito de Usurpación.

Ellos no pueden presentarse hacer trámite alguno a las instituciones públicas porque inmediatamente serían capturados, por esa razón hay unos 6 niños que no han podido ser registrados en el RENAP.  Estamos trabajando jurídicamente para dejar sin efecto la orden de captura en contra de unas 20 personas para que puedan tener una vida normal, enfatizó Galeano.

Cabe mencionar que en la Comunidad Bella Flor habitan dos grupos de familia desalojadas en dos fechas distintas: marzo de 2011 y noviembre de 2018.  Las condiciones de vida paupérrimas son las mismas.

Por: José Gabriel Cubur

nada

Caso de extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada llega a la CIDH

Los afectados señalan que el Estado de Guatemala no le ha puesto atención al problema

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Por: José Gabriel Cubur

El apropiamiento indebido de las cuotas laborales para el Seguro Social, descontadas a los trabajadores por los patronos, es un delito o falta, que debe castigar y corregir el Estado de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, ya que hasta el momento se han mostrado débiles, en este sentido.

El caso de 300 extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada del municipio Coatepeque, Quetzaltenango a quienes los Campollo Codina estafaron, por más de 30 años, estremeció y sorprendió a los comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque es una violación al derecho de acceso a la salud y de jubilación de las personas que con mucho esfuerzo y voluntad aportaron al Seguro Social, además que es un reflejo de lo que pasa en la mayoría de países latinoamericanos.

En Guatemala centenares de empleadores se han enriquecido con la explotación laboral de sus trabajadores, el robo de los aportes al IGSS y la evasión de impuestos. Actúan de manera impune porque el Estado se ha convertido en un paraíso de corrupción e impunidad. Lo peor del caso es que cuando los afectados reclaman sus derechos, los empresarios, en contubernio con fiscales y jueces los criminalizan y persiguen judicialmente, infundando delitos que no cometieron.

Representantes de los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, a quienes, durante más de 30 años, las familias Campollo Codina y Quintanilla Paiz les robaron las cuotas mensuales para el pago del seguro social, que presta el IGSS, participaron en la 172 Sesiones de la CIDH, realizadas en Jamaica, en dónde solicitaron se tome nota de su caso y se dicte medidas cautelares a su favor.

Al Estado de Guatemala demandaron la implementación urgente de un mecanismo de seguimiento a su caso; la implementación específica de un programa médico para 243 de 300 extrabajadores de la finca San Gregorio, que aún sobreviven, ya que el resto ha muerto por falta de atención médica y uno por ataque armado; que se realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan y se determinen las sanciones pertinentes ante el impago de las cuotas robadas.

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