Que el Ministerio Público, MP, esté solicitando al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz, la orden de aprehensión de todas las cabezas de hogar, (64 hombres y mujeres), de la comunidad maya Q´eqchi´, Río Cristalino, de ese municipio, debe hacernos reflexionar y en primer lugar, preguntarnos qué pasará con los hijos e hijas, menores de edad, de esos padres y madres.
¿Tiene capacidad el Estado y las condiciones básicas para privar de su libertad a estas 64 personas? esta interrogante es válida, tomando en cuenta que existe una sobrepoblación en los centros preventivos del país, además no existen condiciones para que los niños y niñas sean albergados en centros u hogares gubernamentales, eso lo demuestra la matanza de niñas dentro del Hogar Virgen de la Asunción en 2017 y las recientes fugas de menores de edad de los hogares estatales. Sigue leyendo «Capturas o acceso a tierra, el caso de Río Cristalino»
Desde primeras horas del 26 de noviembre de 2017, mujeres, hombres y niños de la comunidad La Cumbre, Tactic, Alta Verapaz, formaron tres grupos, se echaron sobre sus espaldas y cabezas sus pocas pertenencias y se fueron a buscar alojamiento en comunidades aledañas. También se llevaron consigo la esperanza de que su situación de vida mejore y que su compañero encarcelado sea liberado.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, visitará Guatemala el 17 y 18 de noviembre de 2017. El alto funcionario de Naciones Unidas se reunirá con autoridades de Gobierno del país para conocer “los avances” y retos con relación a los derechos humanos. Asimismo se reunirá con autoridades ancestrales de varios pueblos de Guatemala quienes tienen la tarea de presentar la otra cara de la moneda (las violaciones de derechos fundamentales y colectivos).
Seguramente los presidentes de los tres organismos de Estado han preparado un discurso que mostrará un rostro cosmético en el cumplimiento de los derechos humanos, pero en la mesa de la Guatemala indígena, se le espera al Alto Comisionado con una serie de denuncias sobre desalojos y desplazamientos forzados a comunidades indígenas y campesinas, que hasta la fecha suman 12 en lo que va del año (vea desalojos 2017); la criminalización y persecución penal de dirigentes y líderes comunitarios; la violación de derechos colectivos de pueblos indígenas, violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al intentar reglamentar las consultas comunitarias de buena fe; el sometimiento de comunidades indígenas y campesinas a la hambruna, a la falta de salud y la falta de educación por acciones corruptas e impunes de funcionarios de gobierno, incluyendo al presidente Jimmy Morales y algunos diputados; Y el racismo, discriminación y marginación hacia la población indígena y campesina.