Apuntes sobre la Ley de Aceptación de Cargos

Imágen con fines ilustrativos

El año 2019 no podría terminar sin el último golpe del Pacto de Corruptos. Esos funcionarios que trabajaron por 4 años para las mafias que han tenido por años secuestrado a nuestro país. Esas personas inescrupulosas que siempre han gozado de impunidad y que harán todo lo que esté a su alcance para mantener su poder económico y político en Guatemala.

El silencio de Jimmy Morales desde el 3 de noviembre, fecha en la cual cual, los diputados aprobaron la iniciativa, lo hace parte de la jugarreta que hizo el pacto de corruptos, porque coincidente o planificadamente este lunes 16 de diciembre salió publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto que dio vida a dicha norma y el señor Jimmy Morales la Sancionó.

Bajo el argumento de “disminuir el tiempo ante la intensión de los sospechosos de aceptar sus delitos; evitar el hacinamiento en las cárceles y reducir el desarrollo del proceso penal”, tanto los diputados como Jimmy Morales aprobaron la ley, beneficiando a los exfuncionarios y funcionarios que tengan un proceso abierto por los delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción, delitos de Lavado de Activos y Financiamiento Electoral Ilícito, entre otros.

Esta más que claro, que los actuales funcionarios buscaron con esta Ley un escudo protector para tener la posibilidad de reducir penas a la hora de que se les impute la comisión de algún delito durante su gestión o cómo candidato de algún partido político.

Cabe aclarar, que con esta ley no podrán beneficiarse las personas que hayan cometido los delitos de: Genocidio, Desaparición Forzada, Delitos Contra Deberes de la Humanidad, Homicidio, Parricidio, Agresión y Violación Sexual, Plagio o Secuestro, Trata de Personas, Terrorismo, Extorsión, Femicidios, Aborto y delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros.

La Ley de Aceptación de Cargos, decreto número 10-2019 que modifica el artículo 491 del Código Procesal Penal entrará en vigencia en 30 días, es decir a mediados de enero de 2020.

Caso de extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada llega a la CIDH

Los afectados señalan que el Estado de Guatemala no le ha puesto atención al problema

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Por: José Gabriel Cubur

El apropiamiento indebido de las cuotas laborales para el Seguro Social, descontadas a los trabajadores por los patronos, es un delito o falta, que debe castigar y corregir el Estado de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, ya que hasta el momento se han mostrado débiles, en este sentido.

El caso de 300 extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada del municipio Coatepeque, Quetzaltenango a quienes los Campollo Codina estafaron, por más de 30 años, estremeció y sorprendió a los comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque es una violación al derecho de acceso a la salud y de jubilación de las personas que con mucho esfuerzo y voluntad aportaron al Seguro Social, además que es un reflejo de lo que pasa en la mayoría de países latinoamericanos.

En Guatemala centenares de empleadores se han enriquecido con la explotación laboral de sus trabajadores, el robo de los aportes al IGSS y la evasión de impuestos. Actúan de manera impune porque el Estado se ha convertido en un paraíso de corrupción e impunidad. Lo peor del caso es que cuando los afectados reclaman sus derechos, los empresarios, en contubernio con fiscales y jueces los criminalizan y persiguen judicialmente, infundando delitos que no cometieron.

Representantes de los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, a quienes, durante más de 30 años, las familias Campollo Codina y Quintanilla Paiz les robaron las cuotas mensuales para el pago del seguro social, que presta el IGSS, participaron en la 172 Sesiones de la CIDH, realizadas en Jamaica, en dónde solicitaron se tome nota de su caso y se dicte medidas cautelares a su favor.

Al Estado de Guatemala demandaron la implementación urgente de un mecanismo de seguimiento a su caso; la implementación específica de un programa médico para 243 de 300 extrabajadores de la finca San Gregorio, que aún sobreviven, ya que el resto ha muerto por falta de atención médica y uno por ataque armado; que se realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan y se determinen las sanciones pertinentes ante el impago de las cuotas robadas.

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Comentarios sobre la manifestación de vendedores informales del mercado la Terminal en “apoyo a Jimmy Morales”

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Primero, con su actitud el señor presidente no representa, ni busca la unidad del pueblo. Al contrario esta buscando la confrontación entre la población. Esperamos que las organizaciones indígenas y campesinas, así como los sectores urbanos que apoyan la lucha contra la corrupción, no caigan en este juego perverso y hagan caso omiso a los insultos y señalamientos que se vertieron hoy.

Segundo, el presidente sacó a relucir su poca madurez política, al señalar al Procurador de los Derechos Humanos de que no defiende los derechos del pueblo. Nuevamente confrontando, en lugar de citar al PDH a una reunión y hacerle ver su descontento de forma civilizada y con madurez política.

Tercero, dice que no se está quedando solo, falso, se siente más solo que nunca, he ahí la necesidad de convocar a un sector para aparentar que tiene el respaldo de la población.

Cuarto, quizá lo más grave aquí es que está tratando de justificar un estado de sitio y decretarlo, al momento en que la sociedad civil organizada convoque a manifestaciones en apoyo a la lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que ahora se siente envalentonado porque, supuestamente, tiene el apoyo de los vendedores de la terminal.

El señor presidente Jimmy Morales, está llevando a la debacle al país, dice que no lo dejan trabajar, mentira, está enojado porque no le dejan robar, como sus antecesores. Si continúa con esa actitud, podría apostar por romper el orden constitucional y sacar al ejército, su mejor aliado, a reprimir a la población y tomar el control del Ministerio Público, MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG.

El señor presidente es un dictador en potencia, él y sus malos asesores, deben de dejar por un lado esa batalla campal en contra del MP, la CICIG y la PDH y respetar la independencia de esas instancias. Aceptar con madurez, que Guatemala ya no es la misma finca de la cual muchos se enriquecieron ilícitamente.

Por: José Gabriel Cubur
Los anteriores comentarios son exclusivamente responsabilidad del autor.
Foto: tomada de PubliNews Guatemala

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