Que el Ministerio Público, MP, esté solicitando al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz, la orden de aprehensión de todas las cabezas de hogar, (64 hombres y mujeres), de la comunidad maya Q´eqchi´, Río Cristalino, de ese municipio, debe hacernos reflexionar y en primer lugar, preguntarnos qué pasará con los hijos e hijas, menores de edad, de esos padres y madres.
¿Tiene capacidad el Estado y las condiciones básicas para privar de su libertad a estas 64 personas? esta interrogante es válida, tomando en cuenta que existe una sobrepoblación en los centros preventivos del país, además no existen condiciones para que los niños y niñas sean albergados en centros u hogares gubernamentales, eso lo demuestra la matanza de niñas dentro del Hogar Virgen de la Asunción en 2017 y las recientes fugas de menores de edad de los hogares estatales.
La orden de aprehensión la ésta solicitando el MP a solicitud de la señora Romelia Patricia Disedolf, descendiente de alemanes, supuesta propietaria de una finca de 13 caballerías de tierra. Las 64 personas que hoy corren el riesgo de se apresadas, se posecionaron, en el año 2009, de unas 30 hectáreas.
Al publicar esta información seguramente habrá opiniones en contra y a favor de los comunitarios, pero qué ha hecho el Estado de Guatemala para resolver el tema de acceso a tierra. Casi nada. El Fondo de Tierra, Fontierras, siempre ha dicho que no tiene dinero suficiente para comprar tierra para los campesinos, eso refleja que al gobierno no le interesa resolver el tema de fondo. En este sentido, vale la pena recordar que en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se dijo que el gobierno no tenía recursos para la compra de tierra, pero ya saben ustedes todas las fincas y bienes que ellos y sus funcionarios corruptos adquirieron durante su gestión. ¿A caso no es contradictorio?.
En Guatemala, algunos se han encargado de hacer creer al resto de la población que los campesinos se roban las fincas. Eso no es cierto. El finquero o el que se adueñó de la tierra sin mayores esfuerzos como, será el caso de la señora Romelia Patricia Disedolf, nunca pierde. Al finquero no se le roba la tierra, el finquero como buen negociante nunca pierde, si ustedes cuestionan al Fontierras, tendrán como respuesta que siempre se han comprado las fincas y miles de familias se encuentran endeudadas en Banrural. A esto hay que añadir que muchas de las tierras que venden los finqueros son improductivas.
En este juego de ideas, el campesino necesita tierra para hacerla producir, para que ustedes y yo podamos adquirir las verduras, frutas, legumbres, tortillas y granos básicos en el mercado. Contrario a eso, al finquero no le interesa producir esa diversidad de alimentos para los mercados internos. Al empresario o finquero de hoy le interesa cultivar palma aceitera, caña de azúcar, hule, café, cardamomo, criar ganado para exportación, en fin le importa poco sí usted y yo podemos accesar a los productos de la canasta básica con el sueldo que nos pagan.
El empresario y finquero, en pleno siglo 21 sigue explotando al campesino. Al adentrarse en las comunidades rurales de Cobán y el resto de Alta Verapaz se vive en carne propia la extrema pobreza. Existen comunidades asentadas a la par de pistas de aterrizaje, de fincas ganaderas, fincas cafetaleras, hidroeléctricas, pero no se ve desarrollo por ningún lado.
Podemos llenar cien o mil páginas contando la realidad del área rural del departamento de Alta Verapaz, pero debemos volver al tema principal, la solicitud de orden de captura en contra de los habitantes de Río Cristalino por el delito de usurpación.
El MP debe entender que se está llevando una negociación vía el Fontierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA. Por cierto, el ente investigativo, se basó en un listado que la SAA le otorgó. El MP debe tomar en cuenta los antecedentes del caso, antes de aplicar su política de criminalización y persecución.
Es en casos como éste, que la Secretaría de Pueblos Indígenas del MP, debe jugar un papel importante y hacer un análisis profundo de qué significa la tierra para el pueblo Maya Q´eqchi´ y el proceso que se lleva para accesar a la misma.
Se considera que el MP le está apostando a lo más fácil, apresar a la población Maya Q´eqchi´, pero con eso no se resuelve el problema, el MP junto a la PDH, Copredeh, Fontierras, SAA deben atender integralmente el problema histórico y estructural de acceso a tierra para comunidades indígenas y campesinas, ese debe ser uno de los retos para el nuevo fiscal general. Con órdenes de captura no se resolverá el problema de fondo. Mientras las comunidades indígenas y campesinas vivan en extrema pobreza, sin vivienda, sin tierra, sin empleo o explotados laboralmente, siempre buscarán una alternativa; convertirse en dueño de su propia tierra, de su propia fuerza de trabajo y de su propio desarrollo.
Por: José Gabriel Cubur
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